Normativa Junta Andalucia sobre animales

La Administración Autonómica Andaluza ha aprobado una nueva norma que prohíbe la tenencia de mascotas salvajes o exóticas que puedan poner en peligro la integridad de personas o del medio ambiente. Quienes las tengan en su hogar tienen una moratoria de seis meses. Para deshacerse de ellas a través de su entrega en instalaciones adecuadas (públicas o privadas) autorizadas por el Gobierno Autonómico; si no lo hacen se pueden enfrentar a multas de hasta 115.000 euros.

De esta forma se recoge en el Decreto de la Junta de Andalucía, siendo ésta una legislación pionera en España, desarrollando la ley 50/99 de tenencia de animales potencialmente peligrosos de 1999. «Fuimos los propios colegios quienes le trasladamos a la Junta la necesidad de regular un ámbito donde existía un importante vacío legal. Hoy, ocho años después, esta norma era más necesaria que nunca, dada la proliferación de animales peligroso en los domicilios», subrayó el presidente del Colegio de Veterinarios Enrique Moya.

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La Consejera de Gobernación explicó que el texto pretende incrementar la seguridad integral de la población y han participado las sociedades protectoras y los colegios veterinarios.

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Se establece en el mismo que tendrán que salir de viviendas y propiedades particulares los cocodrilos, caimanes y aquellas especies de reptiles que, en estado adulto, alcancen los dos kilogramos de peso. La obligación alcanza los anfibios, artrópodos y peces venenosos o cuya mordedura pueda causar daños importantes a los humanos; se incluyen también los primates y mamíferos salvajes que, en estado adulto superen los 10 kilogramos de peso, en caso de especies carnívoras se reduce a los 5 kilogramos.

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Se dedica un apartado especial a la regulación de perros peligrosos, donde se incluyen aparte de las razas que contempla la ley estatal, las razas pit bull terrier, staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu y akita inu y añade la de dóberman. Se incluyen también los perros que hayan sido adiestrados para el ataque y a los que un veterinario así lo certifique por su peso, envergadura y carácter agresivo.

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Para poder pasearlos deberán ir «acompañando a personas mayores de edad, sujetos con una correa irrompible de un metro de longitud máximo y previstos de bozal», limitándose también los lugares de tránsito de estos perros.

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No se les permitirá entrar en espacios de ocio y esparcimiento de menores de edad como parques o patios de colegios. El propietario tendrá que llevar en todo momento el Documento Autonómico de Identificación y Registro Animal del can y que ninguna persona podrá pasear más de uno de estos animales a la vez.

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Además de estos requisitos, necesitarán obtener una licencia especial otorgada por el Ayuntamiento y ser mayores de edad, tener capacidad física y pasar un examen psicológico, no haber sido condenado por delitos graves y suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 175.000 euros.

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Los perros de las razas consideradas potencialmente peligrosas deberán superar un curso de adiestramiento y que, en ningún caso, podrán ser entrenados para el ataque o para potenciar su agresividad.

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El presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, José Carlos Cabra, criticó la «improvisación» con la que, a su juicio, lo ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. «El problema es que se ha aprobado sin dotar a las provincias de las infraestructuras adecuadas», señaló al tiempo que aseguró que Málaga sólo cuenta con un centro extraoficial del Seprona, sito en el antiguo criadero de Los Naranjos, para acoger a estos animales.

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El presidente del Colegio de Veterinarios corrobora esta afirmación. «Ahora mismo, no tenemos ningún centro de acogida. Igual que los dueños tienen una moratoria de seis meses, la Junta deberá adaptarse a la norma y en ese plazo crear espacios adecuados y acondicionados para los distintos tipos de especies», explicó. La cuenta atrás comenzará en cuanto se publique el decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), previsto en unas dos semanas.